La Corte de Cuentas los condenó a pagar $380 cada uno. Caballero y su antecesor Morales no canalizaron las contrataciones a través del Departamento de Recursos Humanos, según los auditores y como la ley lo exige. Morales le dijo a GatoEncerrado que ha apelado la sentencia.


Por Stanley Luna y Ezequiel Barrera

La  Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó administrativamente a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y a su antecesor, David Morales, por haber contratado de forma irregular a personal para tres plazas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2016. Eso según la sentencia del juicio de cuentas que emitió la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la CCR, con el número de referencia JC-IV-3-2018, a la que tuvo acceso GatoEncerrado.

Tras una auditoría interna y escuchar a las partes, esa Cámara concluyó que Caballero y Morales no respetaron los procedimientos legales para las contrataciones, sino que las avalaron ellos mismos y así prescindieron de la selección y reclutamiento a cargo del Departamento de Recursos Humanos. Por esa razón los condenó el 5 de noviembre del año pasado a pagar $380, monto que se deriva del 10 % del salario mensual de la funcionaria y del salario que devengó su antecesor ($3,800).

Caso Morales

La resolución detalla que Morales se encargó de contratar a la Jefa de la Unidad de Género y luego lo informó al Departamento de Recursos Humanos, según el memorándum 133-2016 suscrito por el exfuncionario. 

Durante el proceso, el abogado de Morales, Roberto Antonio Velasco, sostuvo que su cliente no había participado en esa contratación, y que si había incumplimiento en ello, la irregularidad correspondía la logística administrativa. Pero no presentó ninguna prueba, según los auditores.

Morales le dijo a GatoEncerrado que ha apelado ante la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas y que actualmente se encuentra esperando la respuesta al recurso que llevó para que su sentencia sea reconsiderada.

“En mi caso, las personas contratadas no eran parientes, ni amigos, ni de partidos. Fueron propuestas de procuradoras adjuntas con ternas y procesos de selección, y considero que hubo omisiones del departamento de recursos humanos. Los contratados en mi gestión tenían experiencia en sus áreas y derechos humanos comprobados, así que me parece es una situación distinta (a la de la procuradora Caballero)”, dijo Morales.

Morales terminó sus funciones como procurador el 8 de agosto de 2016 y el FMLN lo respaldó para su reelección, pero el 22 de septiembre de ese año la Asamblea Legislativa eligió a Caballero como procuradora con 71 votos. A ella la respaldó al partido de derecha, ARENA.

Caso Caballero

En el caso de Caballero, la Corte determinó que siguiendo la mecánica del exprocurador, autorizó contrataciones para las plazas de Asistente de Proyectos y Jefe del Departamento Jurídico y luego lo informó al Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo con los memorándums 58/2016 y 109/2016. La condena para  Caballero llegó dos años después de su gestión.

GatoEncerrado también buscó a la procuradora para que ofreciera su versión de la situación, pero hasta el cierre de esta nota no respondió.

La funcionaria alegó durante el juicio de cuentas que las dos contrataciones por las que fue condenada eran legales, porque estaban basadas en la Ley del Servicio Civil (sin especificar los artículos). Además señaló que en el trámite no eran aplicables el Reglamento Interno del Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ni el Instructivo de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de Nuevo Ingreso de la institución. 

Pese a lo argumentado por la procuradora, el literal c del artículo 18 de la Ley de Servicio Civil establece que el personal a contratar en la carrera administrativa debe “someterse a las pruebas de idoneidad, exámenes o concursos” contemplados en la ley. En su artículo 20 también explica que serán admitidos aquellos postulantes que reúnan esos requisitos. 

Mientras que el Reglamento Interno del Personal de la PDDH ordena que las plazas sean sometidos a convocatorias, se realicen entrevistas y pruebas para comprobar la idoneidad del postulante, entre otras gestiones. 

La funcionaria también ha sido condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por favorecer a su hijastra Gaby Lourdes Guevara Quintanilla con cargos en la Procuraduría y un aumento de salario de $1,210 a $1,800, tal como lo publicó GatoEncerrado esta semana.

Sobre esa condena, en la entrevista matutina del canal 12, el periodista Manuel Burgos le preguntó y ella se negó a contestar. De hecho, acusó a los periodistas de seguirle el juego a quienes quieren desprestigiarla, de ser “amarillistas” y de tener “morbo” para publicar los procesos en que ha sido condenada. Dijo además que ha sido amenazada a muerte.

Comenta