Al menos 15,000 habitantes son afectados en su salud, economía y la falta de acceso al agua por las prácticas del cultivo de caña de azúcar con agrotóxicos.


Por Marvin Díaz

Habitantes de las comunidades del Bajo Lempa, en Tecoluca, San Vicente, denunciaron el uso indiscriminado de agrotóxicos que hacen los productores de caña de azúcar. Una de las prácticas más nocivas de los cañeros, según dijeron, es el riego desde avionetas de glifosato, que es principal madurante. Eso, sumado a las quemas durante las cosechas y el desvió de cauce de ríos para regar los sembradíos, son algunas de las acciones que ponen en riesgo la salud de las personas que viven en las cercanías de los cañales.

Los habitantes agregaron que además del daño a la salud, los cultivos de caña en la zona también afectan la economía y el acceso al agua de al menos 15,000 personas del Bajo Lempa.

“Nos están matando lentamente con las fumigaciones aéreas; también están contaminando nuestro suelo por los residuos de los agrotóxicos”, expresó Patrocinio Alfaro, habitante de la Comunidad San Carlos.

En diciembre de 2017, GatoEncerrado constató la problemática de la Comunidad San Carlos. En el lugar, la familia Ponce describió la forma en que las avionetas riegan veneno para navidad y año nuevo.

Según Doris Evangelista, representante de la Red Uniendo Manos en El Salvador, la expansión de los sembradíos de caña no permite la producción de cultivos alternativos de pequeños productores de las comunidades. Además, los cañeros acaparan el acceso al agua de las comunidades que se abastecen de ríos.

“Las familias no puede cultivar sus hortalizas y otros productos de la canasta básica de manera orgánica, esto debido a las consecuencias de contaminación por agrotóxicos en suelo, aire y agua”, aseguró Luz Villalta, representante de Asociación para el Desarrollo en El Salvador (CRIPDES). 

La alcaldía del municipio de Tecoluca cuenta con una ordenanza para regular la expansión de la caña, el riego por avionetas y la quema deliberada. Pero los productores han violentado las medidas impuestas por la comuna, según los habitantes y líderes de las organizaciones.

“Tecoluca ya cuenta con una ordenanza municipal pero no está siendo ejecutada. Le pedimos a la alcaldía que retome la ordenanza municipal para no seguir con la violación de derechos de las comunidades”, exigió Evangelista.

Los denunciantes pidieron la intervención del gobierno central y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para dar una solución a la problemática de las familias del Bajo Lempa.

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