Elías Antonio Saca, es el primer expresidente salvadoreño que es declarado culpable por corrupto, después de los Acuerdos de Paz. Deberá purgar una pena de 10 años de cárcel junto a seis de sus excolaboradores. La fiscalía dice que el caso sigue abierto y que van tras otros beneficiarios del dinero. Este es un breve relato de un periodista que llegó hasta los tribunales para documentar parte de la historia reciente del país.


Por GatoEncerrado

Un ejército de periodistas ansiosos aguardaba, este miércoles 12 de septiembre en el segundo nivel del Centro Judicial “Isidro Meléndez” de San Salvador, el momento en que el tribunal segundo de sentencia anunciara su decisión final para escribir parte de la historia reciente del país. Elías Antonio Saca, el último presidente de la era del partido Arena, estaba a punto de convertirse en el primer exmandatario salvadoreño en ser condenado a prisión por corrupto, junto a seis de sus excolaboradores. 

Las cámaras y micrófonos se agolpaban en la entrada de la sala de audiencias. La estricta seguridad cateaba a cada periodista para evitar que los 25 privilegiados, que fueron los únicos que pudieron entrar a escuchar la sentencia, no llevaran celulares, cámaras o grabadoras escondidas. Una fornida mujer del equipo de seguridad interna empujaba un escritorio que servía como trinchera para ordenar el desparpajo de los comunicadores, quienes querían hacerse un espacio en primera fila para documentar este hito histórico.

Abrieron la puerta de la sala de audiencias, y entre las muchas cámaras, a lo lejos se observaba el cabello cano y el brillo de la frente del flamante empresario de comunicaciones, Elías “Tony” Saca, sentado junto a su exsecretario Privado, Elmer Charlaix y junto a su exvocero, Julio Rank. La puerta se cerró.

Dos horas después se corrió la información a quienes aguardaban afuera de la sala. “Todos condenados con las sentencia que pedía la Fiscalía”, dijo una reportera de televisión que salió antes que los demás periodistas. Era el momento de activarse y encender nuevamente las cámaras y los micrófonos porque la historia se había escrito: Saca había sido declarado culpable.

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En resumen, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 10 años de cárcel a Saca y a su exsecretario privado, Elmer Charlaix. A Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, y César Funes, exsecretario de Juventud, los condenaron a 5 años de cárcel. Francisco Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial (CAPRES) le dieron seis años de prisión y a Jorge Herrera, empleado de la tesorería de CAPRES, fue condenado a tres años.

Los imputados obtuvieron el beneficio de una pena abreviada tras negociar su confesión con la Fiscalía General de la República (FGR). Pablo Gómez, quien trabajaba como asistente contable en CAPRES, no se sometió a la negociación de la confesión y fue condenado a 16 años de cárcel.

Todos fueron condenados por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

Los jueces consideraron que “no era posible” que una persona a la cual se le pidió abrir una cuenta en donde se manejaban grandes cantidades de dinero, no tuviera conocimiento de lo que sucedía, dado que le pidieron que abriera una cuenta mediante la cual se hacían transacciones, depósitos y cheques por cantidades desde $50 mil, dos veces por semana, durante 5 años.

“Don Pablo tenía responsabilidad del cometimiento del delito de peculado y lavado de dinero…es una persona de 57 años de edad, toda su vida  trabajó en el área de contabilidad… va abrir una cuenta, deposita 100 mil, abre otra cuenta y luego los depositaba al partido ARENA… todo estaba estructurado para cometer el ilícito”, expresó uno de los jueces.

Foto cortesía/ Centro Judicial “Isidro Meléndez”

La investigación fiscal apuntaba a que Saca era responsable de malversar $301 millones de dólares provenientes de los gastos reservados de Casa Presidencial (CAPRES) y que estaban lejos del escrutinio estatal y público. El exmandatario se dio cuenta de lo fácil que era extraer cantidades enormes de dinero de esa cuenta, sin despertar ninguna alarma, aunque, necesitaría ayuda para desviar los fondos.

Por ello, según las investigaciones y las mismas confesiones de Saca, requirió los servicios de sus cómplices para crear cuentas falsas y avalar falsos servicios contratados, para lavar el dinero y trasladarlo a sus cuentas particulares, sus medios de comunicación y al instituto político que en ese tiempo lo abanderaba: ARENA.

El jefe de la Unidad de Lavado de Dinero de la FGR, Jorge Cortez, confirmó que el tribunal imputó a Saca $260 millones de dólares de los $301 millones en cuestión, y que deberán ser recuperados por parte de la FGR por medio de la responsabilidad civil y del proceso de extinción de dominios que ya se ha iniciado.

El Tribunal también estableció que Elmer Charlaix debe devolver $15 millones; César Funes, $886,697; Julio Rank: $8 millones 381 mil; Francisco Arteaga: $7 millones; Jorge Herrera, $3 millones, y Pablo Gómez, $5 millones de dólares.

Jorge Cortez afirmó que luego de que las partes reciban la sentencia por escrito, empezarán a analizar la forma en que los condenados deberán devolver lo sustraído al Estado, y que el proceso de extinción de dominio que ya ha iniciado podría ser la vía por la que el Estado recupere lo robado.

Además, expresó que como Fiscalía no han dado por cerrado el caso, y que perseguirán los dineros malversados y a quienes estén implicados además de Saca y el resto de culpables.

“La investigación del caso no está cerrada. A través del proceso penal que culminó con la lectura de la sentencia de hoy, hemos tenido mayor información, más elementos que nos están coadyuvando a los casos que tenemos. Vamos a fortalecer más las investigaciones que tenemos en curso”, dijo Cortez.

Dejó entrever también que las investigaciones se ampliarán a otras personas naturales y jurídicas que hayan sido beneficiados con esos dineros públicos.

“A través de las investigaciones pertinentes vamos a hacer los análisis jurídicos de cara a las responsabilidades penales y civiles que podrían tener otras personas vinculadas tanto naturales como jurídicas”, añadió.

Mario Machado, uno de los abogados defensores del expresidente Saca, señala que los $260 millones que le imputan a su cliente, no debe ser la cuantía real por la que se le condena, sino que es una menor cantidad.

“Esa cantidad por la que se le está condenando, es el presupuesto total de lo que ingresó a Casa Presidencial. Hay pericia de la Fiscalía que no terminaron de realizar. Hay versiones de testigos como el jefe del Batallón Presidencial  que afirma que el dinero era para el pago de la institución, para los sobresueldos tan cuestionados, para el Organismo de Inteligencia. No estoy negando que hubo deslealtad de parte de mi cliente en la administración, pero no en esas cantidades”, dijo Machado tras conocer la sentencia.

“Lo justo es lo que se debe cuantificar. Una modificación de la cuantía que se imputa”, añadió.

La Fiscalía se mostró satisfecha con la sentencia. El fiscal general, Douglas Meléndez, expresó en un video de la institución, su felicitación al equipo de fiscales del caso, y recordó la leyenda “todos somos iguales ante la ley”

 

En tanto, la parte defensora afirmó que agotará todas las instancias y que apelará a la sentencia para revertir la decisión.

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Los periodistas escoltaban hasta los ascensores a los fiscales y defensores en búsqueda de más información. Unos, hacían enlaces en vivo con sus respectivos canales de televisión para informar lo sucedido. Otros, halaban cables y guardaban cámaras. El espectáculo judicial terminó y era hora de volver.

Era hora de recordar aquella sonada promesa de campaña de Saca que rezaba “a los malacates, se les terminó la fiesta”… y así fue para el mismo expresidente.

Declaraciones de fiscales y defensa del caso: Facebook Live de Revista Gatoencerrado

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