Por veinte años las maquilas salvadoreñas han recibido exoneraciones de varios impuestos gracias a una ley que busca incentivar el empleo, así como respetar y cumplir los derechos laborales. Sin embargo, un centenar de ellas continúan recibiendo los beneficios, y una veintena también los recibe pese a haber sido sancionadas entre 2016 y 2017 por transgredir esos derechos sin que haya ninguna acción de los Ministerios de Trabajo y Economía


Por Marvin Díaz, Krissia Girón, Clanci Rosa y Mario Beltrán

El embarazo de Guadalupe* fue de alto riesgo y las recomendaciones médicas eran que no podía pasar mucho tiempo sentada ni parada porque el feto estaba en mala posición. A sus cuatro meses de embarazo, y en espera de su tercer hijo, le comunicó su situación al supervisor de una maquila ubicada en Santa Ana, al occidente salvadoreño donde trabajaba. Su jefe inmediato no creía nunca sus quejas y se molestaba por las constantes citas a las que Guadalupe debía acudir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Guadalupe callaba y debía trabajar poco más de 10 horas diarias sentada, cosiendo en promedio 100 piezas de ropa por hora para llevar el sustento a su casa; el cual asciende a 125 dólares por quincena. Aunque gana el salario mínimo de 300 dólares, se le descuentan seguridad y previsión social.

—Era bien difícil el estar cosiendo allí sentada y con los dolores que tenía. Eran mucho los riesgos de perder a mi bebé, e incluso de perder hasta mi propia vida por estar en el trabajo en esas condiciones—, relata.

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El artículo 29 de Ley de Zona Francas (LEZOFIC) indica que las empresas que se acogen a esta norma deben de cumplir obligaciones laborales para tener derechos a las exenciones de impuesto, entre ellas están: derechos a asociación y sindicalización de los trabajadores; el respeto al salario mínimo, horas laborales, salud y seguridad ocupacional; pago de indemnización, vacaciones y aguinaldo, entre otras.

La Red Centroamericana de Justicia Fiscal estimó que los incentivos fiscales para las zonas francas, incluyendo maquilas en El Salvador, equivalen al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir que el país deja de percibir 1,200 millones de dólares al año.


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Ese porcentaje equivale al doble del presupuesto de Salud que es de 2.1 por ciento del PIB, y es casi equivalente a todo el presupuesto del Órgano Judicial salvadoreño que es del 6 por ciento del PIB según lo ordena la Constitución salvadoreña.

La organización Iniciativa Social para la Democracia en su estudio denominado: “Análisis sobre la evasión y elusión fiscal en El Salvador” expone que, en 2016, las importaciones definitivas hechas al amparo de la LEZOFIC costaron a la Hacienda pública más de 158 millones de dólares en concepto de Derechos arancelarios a la importación, y un total de 299 millones de dólares en concepto de exención al pago de IVA, esto último, es poco más que todo el presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas utilizará este año, que asciende a 277 millones de dólares.

La industria textil en El Salvador ha sido denunciada y criticada por organizaciones y sindicatos que aseguran la existencia de violaciones de derechos humanos y laborales dentro de las empresas.

A nivel nacional, las maquilas forman parte de una diversidad de usuarios de las zonas francas que consisten en espacios industriales que facilitan trabajo administrativo y de producción de las empresas. El Ministerio de Economía (MINEC) de El Salvador contabiliza 17 zonas francas en todo el país.

Las Zonas Francas, y por ende las maquilas, cuentan con leyes como la LEZOFIC que benefician a sus dueños con el objetivo de incentivar la inversión y la creación de empleos.

La LEZOFIC en El Salvador se aprobó en el mandato del expresidente Armando Calderón Sol en 1998. La ley les permite a los usuarios de Zonas Francas obtener incentivos fiscales como la exención de impuesto sobre los Derechos Arancelarios a la Importación, impuesto de importación, impuesto municipal, e impuesto sobre la renta (ISR).

Además, se les beneficia con exoneración de impuestos por importación o transferencia de bienes muebles y bienes raíces; exoneración total de impuestos municipales sobre activo y patrimonio de la empresa; y exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los impuestos ISR e IVA representan el 82 por ciento de los ingresos tributarios que obtiene anualmente El Salvador.

Hora de almuerzo en Zona Franca San Marcos. Foto/Marvin Díaz

En perspectiva y como ejemplo: cualquier negocio formalmente establecido en San Salvador, capital salvadoreña, debe pagar como impuesto 900 dólares por licencia de tres años para colocar y tener un rótulo con fines comerciales. En cambio, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) y reveladas por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) en diciembre del 2017, estas fábricas no pagan impuestos a las municipalidades, pese a que de enero a octubre de ese año han tenido un incremento en sus ingresos de 55.5 millones de dólares en comparación al 2016.

Un centenar de maquilas beneficiadas

Para esta investigación se solicitó vía acceso a la información pública conocer el listado de maquilas que han recibido los beneficios fiscales entre 2015 hasta noviembre de 2017.

De acuerdo con esa información oficial entregada por el MINEC, en 2015, 110 empresas maquilas recibieron beneficios fiscales; en 2016 fueron 105 empresas las beneficiadas y hasta noviembre de 2017 fueron 101 empresas con exenciones fiscales, con lo que el país deja de percibir unos 1,200 millones de dólares al año.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) entidad verificadora de los cumplimientos de los derechos laborales en El Salvador, no niega que dentro de la industria textil se cometen violaciones de derechos laborales de las trabajadoras.

Según Jorge Bolaños, director de inspectoría del MTPS, las faltas más denunciadas cometidas dentro de las maquilas son el no pago de hora extra, descuentos ilegales; la no aplicación del incremento al salario mínimo; metas excesivas; el no pago de prestaciones de ley, y el incumplimiento a la ley general de riesgo en los lugares de trabajo.

El informe anual del MTPS indicó que, de enero a diciembre de 2016, hubo 2,288 accidentes laborales dentro de la industria manufacturera, en donde 815 se dieron con producto textiles, prenda de vestir y cuero. El informe también reportó que se atendieron a 129,340 personas trabajadoras de maquilas.

Bolaños asegura que las sanciones y multas impuestas por el MTPS a las empresas violadoras de derechos laborales, no garantiza que les sean quitados los beneficios fiscales de los que gozan.

“Algunas veces damos aviso al Ministerio de Economía (MINEC) cuando se finaliza el procedimiento en el MTPS, esto, siempre y cuando la empresa no acuda a la Sala de lo Contencioso para apelar la decisión del Ministerio de Trabajo”, explica Bolaños.

Afirmó que el trabajo de inspectoría del MTPS está siendo controlado por las Salas de lo Contencioso y Constitucional. “Por ejemplo, la Sala de lo Contencioso nos mandó a que corrigiéramos y devolver la multa que se le impuso a una empresa. Hay muchas veces que la Sala ha dicho que el inspector ha omitido algún procedimiento”, indicó.

Jorge Bolaños expresó que “no es vinculante” que el MTPS de aviso al MINEC, porque dentro de economía se llevan otros procesos. “Nosotros hemos informado al MINEC, pero hasta la fecha no se han quitado esos privilegios, porque quizás se está llevando otro proceso”.

Manifestó que las empresas pueden apelar a la decisión del MTPS cuando se imponen multas, y estas pueden pedir revisión de casos cuando no desean pagar.

Este medio buscó conocer los criterios de las Salas de lo Contencioso y Constitucional, pero al cierre de este reportaje, sus equipos de prensa no respondieron a las peticiones y diligenciaron las entrevistas argumentando “agenda llena”. Se buscó también al titular del MINEC pero tampoco hubo respuesta a la solicitud de entrevista.

Jorge Bolaños dijo que el MTPS cuenta con 110 inspectores a nivel nacional para que atiendan las denuncias laborales dentro de las empresas en general, pero que por momentos se vuelven insuficientes para la demanda de inspecciones

“El procedimiento para atender denuncia es: el inspector solicita la documentación (planillas de pago, contrato y otros); luego se entrevista a una muestra representativa de 20 personas, para posteriormente hacer su informe”, detalló.

No obstante, mujeres como Guadalupe señalan que los inspectores llegan a las maquilas, se reúnen en los salones de aire acondicionados con gerentes, jefes de recursos humanos y empleados adoctrinados, hacen sus informes de aprobación y se van, sin conocer a profundidad la realidad de los trabajadores.

Esa realidad fue confirmada por el viceministro de Trabajo de El Salvador, Óscar Armando Morales.

“Esas fallas puede ser que todavía existan porque las encontramos cuando nosotros asumimos. Puedo decirle que las mayores multas que se imponen son al rubro de vigilancia privada y las maquilas. No voy a defender en su totalidad, puede ser que aún se nos hayan quedado algunos inspectores con esas situaciones. Eso lo hemos visto muy claramente y es preocupante lo que está pasando en las maquilas”, dijo el viceministro Morales a este medio.

El Estado debe ser vigilante de que empresas respeten los derechos laborales. Solo en 2016 según datos del Ministerio de Trabajo vía acceso a la información pública obtenidos por este medio, se realizaron 1,314 inspecciones laborales a zonas francas. Para 2017 el número de inspecciones incrementó a 1,803, totalizando en ambos años 3,117 inspecciones laborales a este sector.

Según datos de esta cartera de Estado, entre 2016 y 2017 hubo un total de 23 empresas multadas, en contraste del centenar que fueron beneficiadas. No se tuvo acceso a los nombres de las empresas sancionadas debido a que según la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha información es confidencial.

Con base a la información oficial del MINEC, y a un estudio de la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) que aglutina a varias ONG de mujeres, se logró determinar que las mismas empresas beneficiarias, son las que están señaladas por esta ONG como violadoras de derechos laborales.

Monserrat Arévalo, directora de la organización “Mujeres Transformando” dijo que entre los derechos más violados por las empresas son “los permisos, que es una deuda bastante pendiente por parte de las empresas; el derecho a sindicalizarse; los descuentos fuera de la ley, en el caso de la maquila textil es muy común que una persona que pide permiso un día, pero le descuenta el día séptimo”, expresa Arévalo.

Entre enero del 2015 y septiembre del 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) detalló las causas de apertura de expediente en contra del sector maquila, siendo las más denunciantes mujeres trabajadoras.

Por otro lado, el Instituto Salvadoreño del Seguros Social (ISSS) presentó en noviembre de 2016 el informe de las 100 empresas deudoras de las cotizaciones de sus trabajadores.  En ese listado aparecen maquilas textiles quienes adeudan 192, 942 dólares en pago de cotizaciones.

La empresa Velásquez Soto S.A de C.V. adeuda al ISSS 2,630 dólares en concepto de cotizaciones de sus trabajadores. Esta empresa textilera cuenta con beneficios fiscales para operar en el país.

Este medio buscó a CAMTEX que aglutina a la mayoría de maquilas, para conocer su postura sobre los señalamientos que recaen en varios de sus socios.

“Hay una serie de cumplimiento y el MTPS tiene todas las facultades para auditar todas las empresas de nuestro sector. Hay que tener en cuenta que, dentro de todo el sector se ubican 115 empresas en la gremial. Nosotros exigimos las buenas prácticas de conductas, y por lógica todo ser humano es imperfecto, pero en lo que nos compete a nosotros y más aún al MTPS estamos haciendo los cumplimientos del caso”, dijo  José Antonio Escobar, presidente de Camtex.

“Nosotros jamás apoyaríamos una violación. Desconocemos de las empresas que nos esta mencionando; también no hay ninguna queja hacia CAMTEX en relación que haya esta situación en ninguna de las empresas socias. Si esto se llegaría a dar, nosotros naturalmente hablaríamos con la empresa para ver que está sucediendo”, manifestó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de dicha gremial textil.

La calle es dura

Guadalupe despierta con el alba. Camina a su closet de madera con su ropa, elige la del día, y sale temprano porque entra a las siete de la mañana, aunque ella trata de llegar antes para cumplir con las elevadas metas que a diario le imponen. Se sienta, acomoda su silla, hace los ajustes necesarios a la máquina de coser y el habitual ruido de su motor le da los buenos días.

—Nosotros trabajamos un bulto de 25 piezas, de eso, dependiendo del valor cupón en que trabajamos, así tenemos que sacar. Al día tenemos que sacar entre 5 y 10 bultos de 25 piezas; aproximadamente 100 piezas en una hora. La meta diaria que debemos cumplir es de 25 a 30 cajas con cuatro a cinco docenas y media—, señala.

Muchas veces se acercaban al gerente de producción para decirle que las metas que les ponían eran muy altas y esperaban que hiciera algo, pero lo que recibían eran amenazas de amonestaciones diciéndoles: “hágalo es su trabajo porque la calle está dura”.

—Por el momento se está trabajando una ropa para bebé que es bastante delicada; a las compañeras les ha dicho el gerente de producción que no pueden portar en sus carteras o utilizar toallas femeninas durante sus períodos menstruales porque las prendas de bebé son bastantes delicadas—, señala Guadalupe.

¿Se imagina que una mujer no pueda entrar toallas femeninas a su trabajo? Preguntaron al gerente porqué se prohibía si eran cosas personales, —entonces dijo el gerente que “viéramos como hacíamos para no usar las toallas sanitarias” porque podíamos manchar la ropa, infectarla o contagiarla de bacterias. Ni tan siquiera pasta de dientes nos dejan entrar por esa ropa de bebé—.

¿Libertinaje fiscal?

Oscar Campos, técnico de transparencia y anticorrupción de la ISD, una ONG que con base a estudios propios, busca que la Asamblea Legislativa haga reformas a la LEZOFIC, consideró que durante los últimos 20 años las empresas usuarias de Zonas Francas han transgredido sus obligaciones laborales, sin tener una institución del Estado que verifique y sancione los incumplimientos.

“Hay una situación de libertinaje legal, ya que las empresas amparadas en la Ley de Zonas Francas les permiten evadir legalmente impuesto sin cumplir los compromisos adquiridos al suscribirse a estos regímenes de incentivos fiscales”, dijo Campos.

La ISD determinó que los incentivos fiscales en El Salvador son eternos para las empresas usuarias de Zonas Francas porque el Ministerio de Economía (MINEC) y el Ministerio de Hacienda no verifican el cumplimiento de la ley.

“La administración estatal no verifica la caducidad de los incentivos fiscales y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Además, se han venido dando prórrogas desde la entrada en vigencia de la ley, haciendo que los incentivos fiscales para las zonas francas sea casi que permanentes”, explicó Oscar Campos.

El investigador dijo que es al MINEC y al Ministerio de Hacienda a quienes les compete estar vigilantes y hacer las evaluaciones pertinentes, verificando si los incentivos fiscales están generando los beneficios para los cuales fueron diseñados o estar permitiendo más daño a las arcas del Estado.

En cuanto a impuestos internos como las exenciones municipales y sobre la renta, el Estado carece de estimaciones sobre el costo tributario de tales incentivos, lo que impide conocer si los privilegios fiscales a las maquilas, compensan el costo a la economía del país.

Guadalupe sentada, operando por horas su máquina de coser; sus manos han absorbido la mota de la tela y el cansancio es evidente en sus ojos negros al caer la tarde, esperando la hora de salida para regresar a casa a ver a sus hijos al cuidado de su madre, y rogando al cielo que no pase ninguna emergencia de la que no se pueda enterar pues ni siquiera tiene permitido ver su teléfono celular, y mucho menos contestarlo.

Esta investigación logró determinar que la empresa donde trabaja Guadalupe aparece en el listado de quienes reciben beneficios fiscales, aún y cuando incumple varios requisitos de ley para ser beneficiaria de este privilegio.

—Un día mi hijo se había enfermado y llamé para notificar mi inasistencia, no me contestaron en Recursos Humanos. Al siguiente día me dijeron que iba suspendida sin goce de sueldo ni séptimo, y lo cumplieron—.

Otro de los señalamientos de Guadalupe es que les regañan por ir al baño argumentando que “pierden el tiempo”. Ella sufrió en su embarazo pues ese estado obliga a la necesidad de orinar constantemente.

Además, la empresa le da únicamente 35 minutos para almorzar pero ella, al igual que muchas, por el afán de llegar a la meta en su trabajo se tardan de10 a 15 minutos para comer y luego se regresan.

Guadalupe es madre soltera, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana, espera el transporte colectivo y llega temprano a su jornada para ganar 62.50 dólares semanalmente, salario mínimo base, y si logran la meta les pagan 2.50 dólares semanales.

—La verdad que es poquito el bono a comparación de las grandes metas que nos exigen, porque dicen ellos (empresa) que no pueden elevarse en los bonos porque el aumento del salario mínimo es increíble y no pueden pagar más bonos—, reclama.

Sale a diario a trabajar, pues su principal motivación son sus tres hijos. Con la voz entrecortada, enhebra los sueños de verlos realizados en sus estudios y siendo útiles a una sociedad que raya en la injusticia.

*Guadalupe es un nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente.


Esta investigación fue realizada en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación para las Américas, del International Center of Journalist (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y Revista Gatoencerrado.

           


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