La organización COMCAVIS señala que la impunidad sigue intacta a pesar de las denuncias en contra de agentes del CAM y de la PNC por abusar, golpear, violar y extorsionar a miembros de la comunidad LGBTI


Por Xochitl Acevedo

Aldo Peña, un hombre transexual, regresaba a su vivienda después de participar en la marcha del orgullo gay en El Salvador del 27 de junio de 2015, cuando diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo bajaron de un microbús y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y con el rostro desfigurado.  El incidente ocurrió en Ciudad Delgado después de un malentendido con el motorista del transporte público.

Para la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) el caso de Aldo refleja las actuaciones arbitrarias que agentes de seguridad pública han ejercido en contra de a la comunidad de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI). COMCAVIS asegura que estas agresiones quedan en la impunidad, a pesar de las denuncias.

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Esa impunidad es otra de las razones por la que la historia de Aldo es un caso emblema de estas denuncias, ya que luego del “engorroso y largo” proceso judicial al que fue sometido tras denunciar las agresiones físicas y psicológicas que le ocasionaron, solamente dos de los diez agentes policiales fueron sentenciados a una condena, dejando a la mayoría de sus agresores en libertad y a Aldo con temor a represalias en su contra.

En la última década, según COMCAVIS, las agresiones a la integridad física y moral y el irrespeto a los derechos humanos de la comunidad LGTBI en El Salvador siguen vulnerables y sin una ley que los ampare.

Entre el 2010 y 2011, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 11 denuncias en los que se acusaba a miembros de la PNC y al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) por atentar en contra de la comunidad LGTBI, así como de acusar a la Fiscalía General de la República (FGR) de negar el acceso a la justicia. Aunque hubo resoluciones de la PDDH por esos casos, la impunidad siguió intacta.

Infografía/Xochitl Acevedo

Otros casos

Ruby, una mujer transgénero, recibió en 2014 un disparo en la cabeza por parte de un agente de la PNC, quien estaba ebrio. Graciela, quien también es transgénero, informó en 2015 que mientras estuvo detenida, dos agentes del CAM la obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de su libertad. Estos dos casos aún continúan sin resolverse.

COMCAVIS también explicó que en  2017, más de 10 mujeres transgénero denunciaron otros abusos de agentes de la PNC y el CAM, quienes las obligaban a para mantener relaciones sexuales. A algunas, incluso, las violaron.

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Ante esta situación, Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS dijo recientemente que todos estos tipos de arbitrariedades cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad pública, conllevan “actos de tortura, detenciones, abuso de poder, extorsión, tratos inhumanos o degradantes y otras formas de abuso”.

Rodríguez agregó que estas situaciones “no solo son productos de la inacción del Órgano Judicial, sino también de la falta de políticas integrales por parte del Estado para garantizar los derechos humanos a las personas LGBTI”. 

Rodríguez también hizo un llamado al Estado salvadoreño para que garantice la integridad física y psicológica de las personas de la comunidad LGTBI, con leyes que las protejan de las violaciones, sobre todo por parte de miembros de la seguridad pública, quienes tienen la obligación de luchar con ellos y no en sus contra.

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