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El juicio en contra de las personas acusadas de ser los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres concluyó. Ahora solo falta esperar el fallo, programado para el próximo 29 de noviembre, y saber si alguno será condenado. En ese contexto, Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, platicó con GatoEncerrado para explicar que aunque hayan condenas, no necesariamente habrá justicia. Zúniga dice que la justicia será incompleta mientras los autores intelectuales sigan impunes. Agregó que el Estado hondureño en vez de procurar reparación y justicia, ha revictimizado y excluido.


Por Ezequiel Barrera

Laura Zúniga, la hija menor de la ambientalista Berta Cáceres, lo dice sin eufemismos: “Este juicio no satisface nuestra necesidad de justicia”. Lo expresa así de claro porque las autoridades hondureñas solo han logrado llevar ante los tribunales a los ocho sicarios y autores materiales del asesinato de su madre, ocurrido el 2 de marzo de 2016. Mientras que los autores intelectuales andan libres e impunes, a pesar de que el Ministerio Público sabe exactamente quiénes son. Entre ellos están directivos y accionistas de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA).

Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agrega que la investigación y el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, que dejan muchas dudas sobre el proceder de las autoridades fiscales y judiciales en este caso. Por esa razón, Zúniga y Aguiluz coinciden en que a pesar de las condenas que logren las autoridades hondureñas, este 29 de noviembre, la “justicia será incompleta” y el caso de Berta Cáceres seguirá en impunidad.

Entre algunas de esas irregularidades está la falta de acceso a la prueba, que pidió la familia de Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Pruebas sin analizar. Rechazo del COPINH como víctima en el proceso, a pesar de que la investigación ha revelado que el asesinato de Berta tenía como objetivo debilitar al movimiento. Falta de publicidad del juicio y la exclusión de las víctimas en el proceso.

De acuerdo con Aguiluz, las irregularidades en el proceso investigativo y judicial se deben a que los autores intelectuales son personas con poder económico capaces de comprar voluntades en el sistema judicial y de callar a los medios de comunicación.

“¿Qué hay detrás?, bueno hay gente muy poderosa. Gente que tiene la capacidad de callar a los medios de comunicación hondureños (…) Es gente poderosa que tiene la capacidad de influenciar al poder judicial”, dijo Aguiluz a GatoEncerrado.

Otra de las explicaciones para entender las irregularidades y negligencia de las autoridades hondureñas en el caso de Berta, se encuentra en lo que señaló Adriana Beltrán de la Oficina en Washington para los Asuntos de Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2017. En esa fecha, Beltrán dijo que la cooperación económica de Estados Unidos hacia a Honduras estaba condicionada a la protección de derechos humanos y justicia que tenía que lograr el Estado hondureño. Es decir, las autoridades hicieron una investigación apresurada, solo para no quedar mal con Estados Unidos en un caso tan importante como el de Berta Cáceres.

“La asistencia de los Estados Unidos al gobierno de Honduras está condicionada a los avances firmes en la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento al Estado de derecho y el combate a la corrupción. Las irregularidades y falta de voluntad política en esclarecer este caso emblemático ponen en serio riesgo la continuidad de la asistencia estadounidense”, dijo Beltrán.

El senador estadounidense Patrick Leahy, el principal demócrata del comité de asignaciones presupuestarias para relaciones exteriores, agregó en esa fecha que la esperanza de Honduras de seguir recibiendo ayuda económica dependía de los resultados de la investigación y proceso judicial del caso.

CASO EXPLICADO POR GAIPE

Los investigadores del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), después de cuatro visitas a Honduras, más de 30 entrevistas, revisión de informes y análisis de bitácoras telefónicas, concluyeron que el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y el intento de homicidio en contra de su colega, el mexicano Gustavo Castro, no fue un hecho aislado. No fue como dijeron en un inicio las autoridades hondureñas: producto de una disputa familiar de Berta o de disputas en el interior de la organización del COPINH.

Fue un asesinato que surgió de un plan estructurado por los más altos directivos de la empresa DESA, quienes involucraron a empleados para dar seguimiento a Berta Cáceres y a otros miembros del COPINH. Esos directivos también actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras de sicariato.

El plan de asesinar a Berta inició en noviembre de 2015, cuando los directivos de DESA contrataron a personas para que hicieran seguimiento a Berta. La primera vez que intentaron asesinarla fue en los primeros días de febrero de 2016. Pero en esa ocasión el operativo tuvo que abortarse porque los sicarios no tenían vehículo para moverse y escapar de la escena del crimen.

Fue hasta la noche del 2 de marzo, cuando dos hombres llegaron a la vivienda de Berta, ubicada en la colonia El Líbano de la ciudad La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Con una patada, irrumpieron por la puerta trasera e ingresaron por la cocina. Luego caminaron por el pasillo que conduce a las habitaciones.

—¿Quién anda allí?—preguntó Berta y nadie respondió.

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En la habitación contigua, un hombre abre la puerta. Apunta con su arma de fuego a Gustavo Castro, quien estaba descansando. La bala le provoca una herida en el pabellón de la oreja y brazo izquierdo.

Mientras eso ocurre, el otro hombre dispara seis veces en contra de Berta. El primero de los disparos impacta en una pared, dos en la parte inferior de la columna y marco de la puerta del sanitario y otros tres que impactaron en el cuerpo de Berta, a la altura del pecho.

Luego, los hombres armados se marcharon y Gustavo corrió a buscar a Berta. Aún con vida, acostada sobre el suelo de la habitación, le pidió que llamara por teléfono para pedir ayuda. Luego falleció.

LOS PROCESADOS

Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA; Mariano Díaz Chávez, mayor activo del ejército de Honduras (al momento de su captura), entrenador de la Policía Militar del Orden Público y vinculado a grupos de sicariato; Douglas Bustillo, teniente retirado del ejército de Honduras y ex jefe de seguridad de la empresa DESA; Henry Hernández, exmiembro del ejército nacional, trabajador de empresas de seguridad y parte de grupos sicariato; Elvin Rápalo Orellana, miembro de grupos de sicariato; Óscar Torres, miembro de grupos de sicariato; Edilson Duarte Mesa, miembro de grupos de sicariato; y Emerson Duarte Mesa, hermano de Edilson. Todos ellos esperan el fallo, del próximo 29 de noviembre, para saber si son condenados por el asesinato de Berta.

Ellos, según las investigaciones, son parte de la estructura inferior y material que estuvo detrás del asesinato. Las autoridades hondureñas aún le deben a la familia de Berta y al COPINH el proceso judicial en contra de los autores intelectuales.

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