La fiscal del caso mandó a decir que no podía llegar al juicio porque tenía dolor de garganta. Así que el juicio tuvo que aplazarse hasta diciembre. Defensores dicen que la Fiscalía debe enmendar su error al acusar a Imelda “sin pruebas” y dejarla en libertad para regresar con su bebé.


Por Ezequiel Barrera

El ordenanza de la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) de Usulután llegó a las 10:40 de la mañana al Tribunal de Sentencia de Usulután, este lunes 12 de noviembre. Se abrió pasó entre las más de cien mujeres que estaban en el lugar para apoyar a Imelda Palacios y entregó un escrito en la ventanilla de recepción de documentos.

Afuera, del otro lado de la cinta amarilla que los policías colocaron para cerrar el paso hacia el Tribunal, las mujeres gritaban bajo el agobiante sol: “Imelda no está sola, está con las defensoras“.

Adentro, los periodistas nacionales independientes y extranjeros, los representantes de las Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil y los abogados de Imelda estaban desesperados y sofocados por el calor. Para ese momento, la fiscal del caso Bernarda Cáceres tenía un retraso de una hora con cuarenta minutos. Eso es lo que había transcurrido desde las 9 de la mañana, cuando tuvo que haber iniciado el juicio en contra de Imelda. En esa vista pública, Imelda es acusada de supuestamente intentar asesinar a su recién nacida durante un parto complicado y extrahospitalario, luego de sufrir por seis años frecuentes violaciones de su padrastro Pablo Henríquez. Según pruebas de ADN, quedó embarazada después de ser violada.

Los tres jueces del Tribunal, Hugo Noé García, Claudia Palacios y Maclin Gilberto Portillo, tomaron la decisión de informar a la defensa de Imelda lo que leyeron en el escrito que envió la Fiscalía.

“Atentamente informo que para las nueve horas de este día se encuentra señalada la vista pública de Imelda Palacios. En esa causa es parte la licenciada Bernarda Marisol Cáceres de Roque.

Informo que vía teléfono, a eso de las ocho horas de este día, ella explicó que se encuentra incapacitada por estar adoleciendo faringoamigdalitis (que se manifiesta en dolor de garganta), por lo que no podrá estar presente en la audiencia. Y no habiendo personal que la sustituya por la complejidad del caso, sería muy irresponsable a los intereses de la víctima, así como de la imputada, enviar provisionalmente a alguien que la sustituya.

Por lo tanto se pide que se aplace esta audiencia y se señale para otra fecha”.

Luego de leerla, los jueces dijeron que sin la presencia de la fiscal del caso no podían continuar con el desarrollo del juicio e informaron que la diligencia judicial se aplaza hasta el 17 de diciembre y, por si se prolonga, también para el 20 de ese mes.

Arnau Baulenas, del equipo de defensores de Imelda y coordinador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), pidió la palabra a los jueces.

“Sabemos que nadie está exento de sufrir alguna enfermedad, pero le pediría a este honorable Tribunal que pida a la Fiscalía y a la fiscal del caso la acreditación médica de esa incapacidad. Esto para efectos de ser serios en este proceso judicial”, dijo Baulenas.

Los jueces acordaron tomar en cuenta la observación de Baulenas y acordaron pedir a la Fiscalía que envíe una copia de la incapacidad de la que goza la fiscal del caso.

Bertha María DeLeón, otra de las abogadas, dijo que este incidente hará que Imelda tenga que esperar otro mes en prisión de forma “injusta” porque no hay pruebas científicas para condenarla.

“Esperamos que el sistema judicial y la Fiscalía puedan enmendar su error. No hay pruebas del supuesto intento de homicidio, la niña fue rescatada sin lesiones y la acusación está basada en especulaciones. Es preocupante lo que hace la Fiscalía, porque hay un gran despliegue que hace la Dirección de Centros Penales para traer a Imelda al Tribunal, la PDDH, los testigos que han sido citados, en fin es un desgaste del sistema y un gastos”, dijo DeLeón.

“Fiscal general sabe”

Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, cuando se enteró de que el ordenanza de la oficina fiscal llevó el escrito, fue a buscar al jefe de los fiscales de esa zona. Cuando lo encontró, le pidió que enviara a otro fiscal a sustituir a la fiscal Cáceres.

“Dijo que eso era imposible (sustituir a la fiscal) porque nosotras, las feministas, habíamos dado relevancia a este caso y no podía enviar a cualquier fiscal al juicio. De hecho dijo que el fiscal general (Douglas Meléndez) ya sabe de la decisión de pedir que el juicio se aplace”, dijo Herrera al salir de la reunión con el jefe de los fiscales.

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