En El Salvador, la Fiscalía y la Asociación Nacional de la Empresa Privada amenazan y atentan contra la libertad de expresión y prensa, según la Asociación de Periodistas, y el Procurador para los Derechos Humanos. 


Por Ana Castillo

Según el informe mundial sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), El Salvador está ubicado en la casilla 45, retrocediendo siete casillas en comparación al informe anterior. Por otro lado, la organización Freedom House en su reporte “Freedom of the Press 2015”, nos ubica en la casilla 78 de 199 países, y nos etiqueta con “libertad parcial”. Ostentar estos puestos en el ranking mundial, obedece a la violencia social que enfrenta el país y la poca pluralidad de medios que existen.

Añadido a eso, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) amenazó con demandar al periódico digital gubernamental “Transparencia Activa” por publicar la lista de las empresas o personas naturales que tienen deudas  pendientes en el pago de impuestos, publicada por el Ministerio de Hacienda en su portal web amparándose en el artículo 277 del código tributario.  De igual forma, la Fiscalía General de la República (FGR) amenazó con procesar legalmente al periódico digital “La Página” por publicar “información confidencial” en el caso del expresidente Flores acusado de delitos que se desprenden de la corrupción.

Amenaza a Transparencia Activa

La ANEP amenazó con una demanda penal contra el medio público Transparencia Activa, por publicar la lista completa de empresas salvadoreñas que le deben al fisco más de $300 millones. La amenaza, incluso, fue extensiva a cualquier medio o institución que divulgue esa información.

“Les estamos diciendo a los empresarios que se sientan afectados, que todo el departamento legal de ANEP está a la orden sin cobrarles un cinco. Nosotros les vamos a preparar las demandas penales para quienes han publicado eso, porque la ley no les da esa oportunidad”, afirmó el presidente de la ANEP, Jorge Daboub.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció considerando que este tipo de amenaza es improcedente en el marco de un Estado de Derecho, pues se trata de información pública y no se puede demandar a un medio informativo por difundir un documento que está disponible en la página web de una institución del Estado. “Es preocupante que estos hechos se den en un contexto donde los organismos internacionales ya nos han hecho retroceder en los índices de libertad de expresión del país”, dijo Juan Coronado, presidente de APES.

El procurador para los Derechos Humanos, David Morales, también se pronunció ante esta amenaza afirmando que “debe respetarse la libertad de prensa y la libertad de información que no solo es un derecho de los medios y de los periodistas, sino que también es un derecho de la ciudadanía a recibir esa información, y que no debe ser objeto la labor periodística de ningún tipo de presiones, ni de sectores de poder público pero tampoco de sectores privados”.

Agregó que la Procuraduría vigila determinadas situaciones en las que las empresas violentan derechos y no ejercen su responsabilidad. “Yo esperaría que la Asociación Nacional de la Empresa Privada pueda hacer una reflexión sobre este tema y no adopte una posición que afecte derechos de ningún medio ni de la población”, señaló.

Amenaza contra La Página

La otra amenaza fue hecha por la FGR en contra del periódico digital La Página con una orden girada por el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Tovías Armando Menjívar, en la que advierte al medio que desista de publicar información de carácter “confidencial” sobre el caso judicial que se le sigue por hechos de corrupción al expresidente de la República, Francisco Flores.

“Demando que Cese y Desista de esta actividad lo antes posible y en cualquier sentido dentro un plazo máximo de 24 horas de la recepción de esta carta; si falla en tomar las acciones necesarias para el cese y desistimiento dentro del periodo estipulado, no tendremos más alternativa que tomar las acciones legales correspondientes en su contra”, dice el escrito enviado a La Página por Menjívar. Ante esto, José Luis Benítez, relator de libertad de expresión de APES, hizo énfasis en que “la Sala de lo Constitucional ya declaró que no puede haber reserva en este caso porque es de interés público (…) y esto es un atentado contra la libertad de información, sobre todo de cara a la información de un hecho tan importante para el país como es el caso del expresidente Flores”.

El procurador David Morales también se pronunció y dijo que investigarían si esta amenaza atropellaba el derecho a la libertad de prensa. De la Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), Roberto Burgos ha expresado que “la Fiscalía no puede decidir qué se publica en los medios”.

El llamado de APES

Para APES, las autoridades de la FGR y de la ANEP deben revisar sus acciones y mostrar al país un compromiso real con el respeto a la libertad de información y de prensa ya que “es contradictorio, en el caso de la ANEP, que vierta estos discursos, que no abonan al ejercicio de la libertad de expresión, cuando en otras ocasiones se han pronunciado defendiendo la libertad de expresión y de prensa de otros países como Venezuela”, acotó Coronado, presidente de APES.

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