Política de atención a la comunidad LGBTI reconoce que la Policía ha asaltado sexualmente y violaba a miembros de ese sector, y que según organizaciones no gubernamentales locales, agentes policiales corruptos fuerzan a la participación de actos sexuales de la comunidad LGBTI, empleando tácticas de manipulación y amenazas de violencia


Por redacción Gatoencerrado

El Ministerio de Justicia y Seguridad presentó el pasado 17 de abril una Política para a atención a la población LGBTI de El Salvador, en la que, entre otras cosas, dicha cartera de Estado se compromete a brindar atención, protección y prevención de violencia y discriminación en contra de este sector social, en momentos en los que la Policía Nacional Civil (PNC) una de las dependencias del Ministerio, ha sido señalada como una de las instituciones que más atenta en contra de la población LGBTI.

Esta institución admite que en contra de la población LGBTI hay malos tratos, agresiones sexuales, asesinatos, detenciones arbitrarias, negación de oportunidades, segregación, injerencias en la privacidad e invisibilización. Entre los principios que dirigirán la política se encuentran:

1  Garantía a la igualdad en la atención y trato de toda la población LGBTI, y la eliminación de cualquier forma de distinción, restricción o exclusión por su orientación sexual

2 Prevenir, sancionar y erradicar sin dilaciones toda forma de violencia contra el sector LGBTI y sus grupos familiares. Se sancionará al personal institucional que incumpla esta política.

3 Los operadores del Ministerio de Justicia actuarán de forma oportuna para la atención efectiva de las víctimas de la población LGBTI ante un hecho o amenaza de violencia o discriminación.


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4 Se reconocerá de manera irrestricta el derecho que tiene la población LGBTI a autoidentificarse de manera libre y voluntaria sobre su orientación e identidad de género, y así ser reconocida por los servidores públicos del Ministerio de Justicia.

5 Decisiones relacionadas con LGBTI serán contextualizadas para realizar trato diferenciado  a fin de asegurar el equilibrio de sus condiciones de vida

6 Se asegurará la protección del Estado a través del Ministerio de Justicia, frente a todo acto de discriminación, violencia o daño corporal cometido por servidor público u otros.

7 Se adoptarán medidas necesarias para lograr satisfacción de necesidades de población LGBTI, así como abstenerse de poner límites a sus derechos fundamentales vigentes.

8 Toda información relacionadas con las personas LGBTI  será protegida para que no sea divulgada sin el consentimiento de la persona involucrada, y su utilización será reservada exclusivamente para investigación de carácter penal o administrativa.

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En su política, el Ministerio expone que según una encuesta publicada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el 52% de personas transexuales entrevistadas, indicó haber recibido amenazas de muerte o violencia; y un 23.7% indició haber sido víctimas de violencia.


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Asimismo, expresa que en 2001, el relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, instó a El Salvador a investigar y “adoptar medidas necesarias para proteger a los miembros de minorías sexuales, de la violencia y de las ejecuciones extrajudiciales”

Sostiene que el 85% de mujeres trans han ejercido o ejercen trabajo sexual para subsistir; y que el 45% tiene ingresos inferiores a los $180 dólares al mes. Un 40% realiza trabajos informales sin ningún tipo de beneficios sociales, en cosmetología o mercados. Únicamente el 5% afirma tener un empleo en la empresa privada y un 10% dice estar desempleadas.

El estudio reconoce que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, señaló al Estado salvadoreño sobre su preocupación por los casos de población LGBTI atacada o asesinada, y por el bajo número de investigaciones de estos casos.

La Asociación Entre Amigos ha reportado 11 asesinatos de personas LGBTI en 2008; 23 en 2009; y 10 en el año 2010.

“En muchos de estos casos, los cuerpos de las víctimas revelaban signos de tortura incluyendo la desmembración, apuñalamiento, palizas y disparos múltiples”, expresa el Ministerio de Justicia y Seguridad en la política.

El mismo informe reconoce que la Policía asaltaba sexualmente y violaba a miembros LGBTI. El documento expresa que otras organizaciones no gubernamentales locales afirman que agentes policiales corruptos fuerzan a la participación de actos sexuales de la comunidad LGBTI, empleando tácticas de manipulación y amenazas de violencia.

Por su parte Andrea Ayala de la Federación Salvadoreña LGBTI, afirma se trata de una iniciativa que nace de la sociedad civil, y que dará respuestas a abusos sistemáticos registrados por algunos agentes de la PNC

La política deberá ser aplicada y acatada por las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad como la Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General de Centros Penales (DGCP), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre otras.

El Ministerio de Justicia admite que El Salvador no tiene un marco jurídico que prohíba la discriminación basada en la orientación sexual, sin embargo, la política tienen a la base la declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948, un decreto Ejecutivo #56 de 2015 que prohíbe a las instituciones públicas incurrir en actos que constituyan formas de discriminación por razón de la identidad de género y/o la orientación sexual

Asimismo, destaca una reforma al artículo 129 del Código Penal que contempla el crimen por odio racial, étnico, político, religioso, identidad o expresión de género, o la orientación sexual. Además el Decreto Ejecutivo número 56 del 2015

Entre los ejes de la política son prevención, atención, protección, coordinación intersectorial, gestión del conocimiento (capacitaciones) y rendición de cuentas.

“Para la implementación de la política se establecerá un Comité Técnico de Coordinación Nacional que estará integrado por la representación de cada una de las dependencias del Ministerio de Justicia, y de organizaciones de defensa de la comunidad LGBTI”, establece el documento.

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