El Procurador de los Derechos Humanos denunció que los cuerpos de seguridad cometen abusos de autoridad e incluso ejecuciones extrajudiciales. El director de la Policía aceptó que los policías no han sido formados en derechos humanos, pero que pronto será oficializado un manual de derechos humanos para policías.


Por GatoEncerrado

Celso Hernández fue asesinado por error. Un error de dos policías que dispararon 30 veces en contra del cuerpo de Celso, según confirmó la autopsia de Medicina Legal. Los dos policías dispararon a pesar de que la hija de Celso les gritó que su padre era un sargento de 54 años a punto de jubilarse del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la alcadía de la ciudad de Cojutepeque, Cuscatlán.

Todo comenzó cuando un supuesto pandillero, a bordo de una motocicleta, lanzó una granada en contra de la base policial ubicada en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana. La granada explotó y provocó, únicamente, daños materiales. Tras la explosión, la gente que estaba cerca corrió a una gasolinera cercana para refugiarse. Entre esa gente estaba Celso, quien desistió de refugiarse, sacó su arma de equipo y trató de alcanzar al que lanzó la granada.

Cuando los dos confundidos policías lo vieron correr con el arma detrás del que lanzó la granada, comenzaron a dispararle. Una y otra y otra vez y hasta 30 veces. La hija de Celso, que trabajaba en la gasolinera, les gritó a los policías que su padre había llegado al lugar a traerla para regresar a casa. Los policías no le hicieron caso y siguieron disparando.

Cuando los medios de comunicación llegaron al lugar, la Policía dijo que tuvo un intercambio de disparos “los delincuentes que lanzaron la granada” y que durante el enfrentamiento falleció uno de eso delincuentes.

El caso de Celso es uno de los 30 casos que la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDHH) ha denunciado en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) por abusos de poder y ejecuciones extrajudiciales. El Procurador, David Morales, ha dicho en reiteradas ocasiones que en los cuerpos de seguridad salvadoreños no hay un control serio sobre las acciones que realizan los agentes policiales y soldados en los supuestos enfrentamientos con pandilleros.

“Es falso que para tener seguridad haya que ejercer violencia ilegal y violentar los derechos humanos. El Estado no puede ser igual o peor que el criminal al que persigue”, afirmó el procurador Morales, la última semana de abril mientras denunciaba dos casos puntuales sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en los municipios de San José Villanueva y Panchimalco, publicadas por el periódico digital El Faro y La Prensa Gráfica.

El Procurador además denunció que la Policía, la Fuerza Armada y la Fiscalía no han sido instituciones comprometidas en la investigación de estos casos y que las máximas autoridades parecen cómplices por no girar  órdenes para realizar investigaciones serias y abrir procesos disciplinarios para los agentes que cometen abusos de autoridad y ejecuciones extrajudiciales.

El director de la Policía, Howard Cotto, dijo tres días después que no tenía nada qué responder al Procurador. Aseguró que el Procurador denunciaba porque ese era su trabajo y que lo respetaba. Otros dos más tarde reveló que los agentes de la Policía no han sido instruidos en derechos humanos.

Reveló, incluso, que los mil miembros de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES), desplegadas en abril como un batallón élite para desarticular y neutralizar a las pandillas, tampoco han sido capacitados en derechos humanos.

“Hemos iniciado charlas sobre derechos humanos con las FES, pero esto queremos llevarlo a un nivel mayor”, dijo escuetamente el director Cotto y agregó “dentro de muy poco tiempo haremos oficial el manual del uso de la fuerza que funcionará de forma general para la Policía y que incluye a las FES, este manual es un instrumento procedimental para evitar que las armas sean utilizadas en situaciones que no lo ameritan”, explicó.

De acuerdo con el director Cotto y el ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, los miembros de las FES han sido capacitados para reaccionar con estrategias ante determinadas situaciones que demanden la fuerza, incluso letal, para desarticular a las pandillas. Y fuerza letal, en el concepto de las autoridades, ha significado que los miembros de las FES en “legítima defensa” disparen contra pandilleros y los maten en un enfrentamiento.

Bajo ese concepto de legítima defensa, la Policía dijo que un niño de 9 años fue herido de bala por un soldado en fuego cruzado en el año 2015. No obstante, según testigos, el enfrentamiento nunca ocurrió y un soldado disparó simplemente porque vio correr al niño y pensó que era un pandillero que huía al ver la patrulla.

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