Sonia Sánchez salió del Tribunal diciendo “Me siento fortalecida”. Afuera, las más de 23 organizaciones pregonaban cánticos de victoria porque en El Salvador, según decían, no todos los días la justicia deja de picar al descalzo.


Por Clanci Rosa

“Fue como una montaña rusa estar esperando la resolución. Por momentos no sabíamos por dónde iba el juez, pero al final fue a favor nuestro, nos absolvieron.  Continuaremos alzando nuestra voz ante cualquier injusticia que nos encontremos los defensores de derechos humanos”, dijo Sonia Sánchez a GatoEncerrado al salir del Tribunal Primero de Sentencia, donde había sido demandada por el Grupo Roble.

Sonia es una habitante del cantón El Porvenir en Santo Tomás, al sur de San Salvador. Cabello liso y piel morena. Es madre de familia, preocupada por su comunidad y defensora de los derechos humanos.

Un día, ella alzó la voz en contra de la depredación ambiental que estaba realizando la empresa constructora Grupo Roble en su cantón.

GatoEncerrado publicó una investigación de cómo las complacencias administrativas al interior del Ministerio de Medio Ambiente avalaron un permiso de tala árboles a Grupo Roble, que tenía vigencia para un año exacto, pero que se ejecutó cinco años después de caducado.

La gigante transnacional de la construcción demandó a Sonia por el delito de difamación en su contra, aduciendo que la mujer había mentido al asegurar que la tala de árboles en la zona dañaría gravemente el medio ambiente.

Grupo Roble exigía una indemnización por parte de Sonia de 25 mil dólares y una disculpa pública, pero perdió.

Más de 23 organizaciones feministas y ambientalistas se concentraron la mañana de este martes 23 de agosto frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, para apoyar a Sonia Sánchez.

Sonia llevó a los medios de comunicación el impacto ambiental que un proyecto residencial, antes llamado “Brisas de Sano Tomás” hoy “Sierra Verde”, causaba en su comunidad.

Las organizaciones sociales que apoyaban a Sonia a las afueras del juzgado, vieron con preocupación cómo el cambio del juez titular por el juez suplente del caso, podría beneficiar a Grupo Roble, pero no fue así.

“Sonia está defendiendo el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente sano. Esperamos que el juez tome en cuenta las 17 cartas que hemos entregado de diferentes organizaciones internacionales”, expresó Alejandra Burgos de la Red Salvadoreña de Defensoras de los Derechos Humanos.

En noviembre de 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) decretó medidas cautelares a favor de Sonia, por el riesgo que corría en su comunidad. Dichas medidas le otorgaban el título de defensora de los derechos humanos y las autoridades estaban obligadas a protegerla a ella y a su familia.

“A la fecha la situación se ha agravado ya que la ambientalista Sonia Sánchez esta siendo objeto de persecuciones penales en las que se le acusa de calumnia y difamación por el simple hecho de hacer uso de su derecho a la libertad de expresión al denunciar el deterioro al medio ambiente que estaría generando Inversiones Roble en Santo Tomás con el proyecto habitacional que están desarrollando” manifestó el ahora exprocurador de Derechos Humanos, David Morales.

Sonia Sánchez, tiene tres hijas, quienes la acompañan en la lucha por la defensa de los derechos humanos “Somos cuatro mujeres todas estamos organizadas, así nos ha enseñado mi madre, a luchar por nuestros derechos y por los de los demás. Nos ha enseñado a ser empáticas con los demás”, cuenta Marcela López, una de las hijas de Sonia.

Para Marcela, el caso este caso es una prueba para el sistema judicial salvadoreño. “Es una expresión de injusticia, nos enfrentamos a una persecución y criminalización de la defensa de las derechos humanos. Le decimos que no tengan miedo al gran capital, estamos conscientes que nos enfrentamos a un gran poder económico y político como grupo Roble”, afirmó.

 Las organizaciones sociales que se presentaron esta mañana dejaron en claro que sea cual sea la resolución, seguirán trabajando por los derechos humanos y la protección de sus recursos. Asimismo, dijeron luchar porque prevalezca la justicia en este caso y agotarán todos los recursos legales.

“El día viernes, al final de sus alegatos, los abogados de la empresa querían que conciliáramos pero no, en ningún momento. Les dije que no iba a conciliar porque el juez ya tenía elementos suficientes para absolverme o condenarme”, expresó Sonia.

Sonia hizo un llamado a la unidad de quienes son defensores y defensoras de derechos humanos. A vencer los miedos y a permanecer en unidad para mantenerse fuertes.

“Me siento fortalecida”, concluyó escuetamente Sonia, al salir de los tribunales. A su salida, las más de 23 organizaciones centonaban cánticos de victoria “porque no todos los días en este país la justicia deja de picar al descalzo”.

Comenta