Hasta el año 2015 El Salvador reportó 360 denuncias por el delito de trata de personas en el que el 75  % de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. El trabajo sexual comercial, las actividades ilícitas y el trabajo forzados son algunas de las modalidades a las que son forzadas la niñez salvadoreña.


Por Marvin Díaz

El delito de la trata de personas en El Salvador es un cáncer imparable que carcome la vida de los niños, niñas y adolescentes, los cuales son víctimas del crimen organizado y otros entes que se dedican a las actividades ilícitas.

La Encuesta de Hogares de Propósito Múltiples (EHPM) en el año 2014, revela que la población de niños, niñas y adolescentes que ejercían el trabajo infantil era de 308,414. De esta cantidad, 85,519 son niñas y 222,895 son niños.

Para el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Persona (Observa LAtrata) el trabajo infantil está íntimamente ligado al delito de trata de personas ya que es allí donde nace el abuso y violaciones de los derechos de la niñez salvadoreña.

Durante los años 2012 y 2015 la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 140 denuncias en relación al delito de trata de persona. Del total de las denuncias el 66.4 % son niñas y adolescentes que fueron víctimas de este delito.

Mientras tanto la Fiscalía General de la Republica (FGR) ha contabilizado 220 denuncias, el 75 % de las denuncias interpuesta representan a menores de 18 años. Los datos corresponden a los últimos cinco años.

Ima Guirola, representante de CEMUJER, expuso que “la explotación sexual comercial y los trabajos forzados representan rubros fuerte de modalidad” en la trata de personas y que la niñez salvadoreña de “11 a 17 años” son sus principales víctimas.


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Heizelt Bolaños, Consultora independiente de Observa LAtrata e investigadora de Trata de Persona, mencionó que “la explotación sexual son de los casos más evidenciados, denunciados y documentado” en El Salvador, y este mismo delito están ligados al crimen organizados y a otras estructuras criminales.

Bolaños destacó que en los últimos tres años la modalidad de trata de persona ha evolucionado debido al entorno y ambiente social que atraviesa el país. “Se ha intensificado la modalidad de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para el cometimiento de delitos”, dijo la investigadora.

Desde hace 11 años, El Salvador cuenta “con la tipificación del delito de la trata de personas” y “desde hace un años con la Ley Especial  Contra la Trata de Persona”; también existe en el país “el Consejo Nacional en contra de la Trata de Personas”, a pesar de los esfuerzos en políticas para combatir este delito el observatorio considera que hace falta una mayor efectividad y prioridad en los derechos de las víctimas.

La representante de CEMUJER puntualizó los desafíos en que se deberían trabajar para golpear frontalmente este delito y poder así reivindicar y atender los derechos de las víctimas de la trata de personas.

“El Estado salvadoreño tiene que asumir y reconocer que debe de contar con herramientas claras para hacer efectiva esta ley y priorizar los derechos de los niños, niña y adolescentes y garantizar los derechos para las víctimas y sobreviviente de este delito; también deben de trabajarse en la reparación del daño en las victimas y restitución de derecho de las víctimas; y crear más albergues para dar atención a las niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de la trata de personas”, indicó Guirola.

Desde el 2008 hasta la fecha, El Salvador cuenta con un albergue que atiende a niñas de 12 a 18 años víctima de la trata de persona; dicho albergue atendió el año pasado a ocho niñas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo recomendaciones a la nación salvadoreña a que se abrieran albergues con programas integrales, reparación de daños de vida y restitución de los derechos de las víctimas.

Heizelt Bolaños concluyó que hay diversos factores del por qué no se ha logrado erradicar el delito de trata de persona. “El tema de trata de persona no está recibiendo los fondos presupuestarios suficientes para combatir el delito, el aparato estatal se enfrenta a procedimiento burocráticos, la sociedad no tiene conciencia real para denunciar los casos de trata de persona”, dijo la consultora.

En relación al tema de la judicialización de los casos denunciados en la PNC y FGR en los últimos cinco años (que son en total 360) “solamente 20 casos llegaron al juzgado de paz, y de estos 20 casos solo 16 llegaron a los tribunales de sentencia; esto quiere decir que cuatro casos en el juzgado de paz se cayeron”, expuso Heizelt Bolaños
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El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Persona considera necesario crear un fondo de atención a las víctimas del delito de trata de personas; también la celeridad de la implementación de la Ley Especial Contra la Trata de Personas y exista una coordinación entre las instituciones y desarrollar así políticas y plan de acción.

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